Niegan ciudadanía a nacidos en República Dominicana de padres haitianos
– La decisión en República Dominicana contra los nacidos en ese país de padres haitianos es comparada con lo que hizo Hitler al quitarle la ciudadanía alemana a los judíos
– Importantes organismos multilaterales en el ámbito global y regional manifiestan su oposición a la decisión tomada en República Dominicana que niega la nacionalidad a nacidos en ese país de padres o abuelos haitianos.
– CARICOM dijo que la sentencia es "discriminatoria" y considera "especialmente repugnante" que República Dominicana no siga las recomendaciones del CIDH.
– La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también condenó la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano.
Grupos de dominicanos residentes en distintos países han comunicado su preocupación por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en Quisqueya, que le quita la nacionalidad a los hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana.
El citado tribunal dictó una sentencia el pasado 23 de septiembre según la cual los hijos de inmigrantes que hayan nacido en la República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país "en tránsito".
Como consecuencia, hijos y nietos de inmigrantes haitianos nacidos en el país desde 1929 deben ser considerados como extranjeros, sin importar si nacieron en el territorio dominicano, o, incluso, si ya tienen acta de nacimiento y cédula de identidad dominicanos.
Entre los voceros de opiniones contrarias a la mencionada decisión del TC destacan la Mesa Redonda Dominico Americana (MRDA) y la comunidad dominicana de Puerto Rico.
La primera asociación considera la mencionada sentencia del máximo tribunal dominicano tan repudiable como lo que hizo Adolfo Hitler en el 1938, cuando quitó la ciudadanía alemana a los judíos, dando paso al infame holocausto.
Néstor Montilla director ejecutivo de la MRDA, organización que reúne a miles de miembros, dijo estar preocupado con la determinación por razones humanitarias: "Nosotros instamos a la República Dominicana a reconsiderar la decisión del Tribunal Constitucional…los niños tienen el derecho a pertenecer a un país de acuerdo al Artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño…ratificados por 193 países incluyendo, la República Dominicana", dijo.
Por su parte, José Rodríguez, Presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, consideró que esa sentencia es una "aberración jurídica" que debe derogarse de inmediato y a esos efectos aseguró que ya está en conversaciones con abogados de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para presentar una acción que pueda detener la puesta en vigor de la sentencia.
Por haber sido tomado por el Tribunal Constitucional, el fallo no se puede apelar y da a la comisión Electoral un plazo de un año para elaborar la lista de personas a las que se les qCitará la nacionalidad, lo que podría afectar a más de 240,000 personas, incluyendo a los nietos y nietas de dominicanos, hijos de haitianos, nacidos en el país hace 85 años. De hecho, muchos de los afectados ni siquiera han pisado Haití desde que nacieron al otro lado de La Española y, por ser hijos o nietos de dominicanos, no poseen la nacionalidad haitiana. Igual, por ser ahora "extranjeros" ilegales en República Dominicana todos estarían en riesgo de ser deportados y se les podrían negar servicios por no estar autorizados a vivir en ese país aunque hayan nacido allí.
Condenan el "Apartheid" dominicano
Poco después de conocida la decisión, se reunió la comunidad dominicana y haitiana de Puerto Rico en el conversatorio "Apartheid en República Dominicana", celebrado en sala del Colegio de Abogados de Puerto Rico, contando con panelistas a expertos como La Lic. Paola Pelletier Quiñones, del equipo de abogados que está representando a la comunidad dominicana; Ana Belique, activista del grupo "Reconoci.do"; la Lic. Annette Martínez Orabona, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y Solange Pie, hija de la fenecida Sonia Pierre, fundadora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) y defensora de los derechos humanos de los haitianos y dominicanos residentes en República Dominicana.
Según la licenciada Pelletier, la decisión que radicó la Constitución dominicana es "una sentencia discriminatoria" ya que afecta directa y especialmente a descendientes de haitianos que, mayoritariamente, nacieron y se criaron en suelo dominicano. Además, que solo por tener aspecto, apellido o color de piel que se asemeja a la de un haitiano, es suficiente para ser perseguido y llevado a parte en una camioneta, para finalmente ser deportado.
Organismos internacionales rechazan decisión contra descendientes de haitianos
La Comunidad del Caribe (CARICOM) suspendió el proceso de ingreso de República Dominicana a la agrupación, como castigo a la sentencia judicial de ese país que retiró la ciudadanía de forma retroactiva a miles de hijos de padres extranjeros nacidos en el país, la mayoría haitianos, lo que habilita su deportación.
La medida fue adoptada por la CARICOM, conformada por 15 países, en una reunión extraordinaria en esta capital de Trinidad y Tobago el 26 de noviembre, para responder al fallo adoptado el 23 de septiembre por el Tribunal Constitucional (TC) dominicano.
En un comunicado, la CARICOM dijo que la sentencia es "discriminatoria" y "excluye en forma retroactiva a miles de ciudadanos dominicanos, mayoritariamente de ascendencia haitiana", convirtiéndolos en apátridas. Una situación que especialistas temen que genere una catástrofe humanitaria en el área.
La primera ministra de Trinidad y Tobago y actual presidenta de la CARICOM, Kamla Persad- Bissessar, se comprometió en la reunión a exponer la situación ante otros foros regionales, como la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para que se adopten también medidas contra el fallo.
"Es especialmente repugnante que la sentencia ignore las recomendaciones realizadas en 2005 por la CIDH para que República Dominicana adapte sus leyes y prácticas de inmigración a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", resaltó la presidenta de CARICOM. "El fallo también viola las obligaciones internacionales de República Dominicana en derechos humanos", puntualizó Persad- Bissessar.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también condenó la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros nacidos en el país, que afecta principalmente a descendientes de haitianos.
"Esta decisión privará a decenas de miles de personas de una nacionalidad, lo que tendrá un impacto muy negativo en el resto de sus derechos fundamentales", alertó en Ginebra la portavoz de esta oficina, Ravina Shamdasani. "La decisión tendrá implicaciones desastrosas para los descendientes de haitianos, que navegarán en un limbo constitucional", subrayó.
Según la oficina de la ONU, decenas de miles de personas, que abarcan tres generaciones, podrían convertirse en apátridas, sin acceso a servicios básicos para los que se requiere un documento nacional de identidad.
Su portavoz recordó que va en contra de la legislación internacional que un país niegue la nacionalidad a un individuo que haya nacido dentro de su territorio.
En su primera declaración sobre el problema dominicano, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, explicó que dos asuntos importantes convergían en esta situación, en cuanto a cómo debería la OEA enfrentarla, uno que "Nadie puede ser privado de su nacionalidad, por lo tanto hay un problema de derechos humanos", y el otro que la Organización debía "…respetar la independencia de los brazos del gobierno", haciendo referencia a las decisiones de las instituciones gubernamentales en los países miembro. Por ello, matizó Insulza, siendo un caso defendido por "la corte constitucional de un estado bajo su propia ley doméstica. Pienso que será mejor atendida mediante el sistema de derechos humanos, siendo que este asunto es propiamente la responsabilidad de la Comisión y de la Corte".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó República Dominicana y, en su informe emitido el 6 de diciembre, reportó haber recibido "información preocupante sobre graves vulneraciones al derecho a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad ante la ley, y a la no discriminación".
En su comunicado, la CIDH advierte que la situación provocada por la Sentencia del Tribunal Constitucional "afecta en forma desproporcionada a las personas de ascendencia haitiana, quienes son también personas afrodescendientes y frecuentemente identificados sobre la base del color de su piel, constituyendo una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación".
Igualmente, la Comisión estima que la Sentencia del TC constituye "una privación arbitraria de la nacionalidad"… "priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación".
En otro orden, la Comisión Interamericana también manifestó en su reporte estar profundamente preocupada por haber conocido de "expresiones contra periodistas, intelectuales, abogados, políticos, legisladores, defensores de derechos humanos, figuras públicas e incluso servidores públicos de alto nivel que han criticado la Sentencia del Tribunal Constitucional. Estas personas han sido calificadas como 'traidores a la patria', han sido objeto de amenazas y se ha llamado públicamente a dar 'muerte a los traidores'".
Haití y República Dominicana tienen una relación problemática desde su fundación como estados. Muchos haitianos emigran a buscar una mejor vida en el vecino país del este. Según las últimas estadísticas dominicanas, en la parte hispanohablante de La Española vivían en 2012 más de 458 mil haitianos.
Actualmente varios organismos, entre ellos CARICOM y la Unión Europea, organizan reuniones en Venezuela para estimular conversaciones sobre las dificultades de los migrantes dentro de la República Dominicana, entre los gobiernos de ese país y de Haití.
Fuente: PT – THP
