El Cangrejo sigue su marcha

Victor Suárez – El Universal (09/09/2007). La Oficina para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT viene observando que, desde 1991 hasta hoy, se ha mantenido la tendencia a que los servicios básicos de telecomunicaciones sean operados por el sector privado, en la misma medida que el sector público ha preferido convertirse en regulador y promotor de la actividad.

Según su informe 2007 sobre Tendencias en la Reforma de las Telecomunicaciones, publicado esta semana en Ginebra, sólo se registra un caso en que, entre todas las operadoras del mundo, la situación se haya reversado, y ello ocurrió en Venezuela en mayo de este año, cuando el gobierno decidió readquirir la propiedad de CANTV, que había sido trasladada al sector privado casualmente en 1991, fecha del inicio de la explosión de las telecom mundiales.

A pesar de ese ejemplo digno de observación mundial, la UIT señala que la privatización se mantiene como una prioridad para muchos países que todavía no lo han hecho, total o parcialmente. La tendencia, dice la UIT, ha decaído en bríos pero se mantiene. Los objetivos de la privatización siguen siendo la mejora de las eficiencias, la productividad y la calidad de servicio, así como obtener más capitales, mejorar la experticia de la gerencia y el consiguiente desarrollo de las redes, en oposición a las críticas que desde los años 80 se le hicieron a los Estados que manejaban redes ineficientes, atrasadas y de escasa calidad en el servicio.

En la búsqueda de expandir aún más la cobertura de las telecom, muchos países han encontrado que la competencia es a menudo más limpia cuando los Estados evitan comportarse al mismo tiempo como jugadores del mercado (como propietarios totales o parciales de los incumbentes) y como árbitros. "La privatización", dice el informe de la UIT, "envía la señal de que las decisiones políticas y las regulaciones serán más transparentes para todos los jugadores".

Entre 1990 y 2006, unos 83 mil millones de dólares llegaron a manos de los operadores incumbentes de los países en desarrollo de la mano de la privatización.
En 1991 menos de 40 países contaban con empresas privadas al frente de sus empresas de telecomunicaciones básicas. Para mediados de 2007, 123 estados miembros de la UIT tienen un privado o privatizado incumbente fijo nacional.

Aparte del caso de Venezuela, que reversó su situación, muchos otros países han anunciado sus intenciones de privatizar. El informe de la UIT recuenta que el gobierno de Ucrania ha dado luz verde para vender Ukrtelecom. El gobierno de Kirguiz tiene planes para privatizar Kyrgyztelecom. El ministro de Finanzas de Eslovenia anunció una licitación internacional para vender la participación minoritaria que el Estado tiene en Telekom Slovenije.

Mientras tanto, la competencia ha traspasado las barreras de solo jugar en terrenos de Internet y la telefonía móvil y está corriendo con fuerza en el campo de la telefonía fija. "Los servicios de línea fija se están convirtiendo cada día en más competitivos", destaca el informe de la UIT. En el primer semestre de 2007, los países del Golfo Pérsico se mantuvieron muy activos en la apertura de sus mercados móviles y fijos. Por ejemplo, en abril de 2007 Qatar lanzó un proceso de selección para el ingreso de un nuevo entrante en telefonía móvil. Oman también anunció su intención de licenciar a un segundo operador nacional, el cual competirá con Omantel, que actualmente es el monopolio estatal que opera los servicios fijos.
Venezuela camina al revés del mundo.

Reforma para el retroceso

Como ha sido demostrado, la propuesta presidencial de Reforma de la Constitución venezolana de 1999 no es una reforma sino un cambio radical de la regulación de las relaciones políticas, sociales y económicas en el país. Si la reforma es aprobada en los términos en que ha sido presentada, cambiará TODA la vida de los venezolanos.

El sector telecomunicaciones no se salvará del escalpelo depredador. El Estado intervendrá en casi todas las actividades, desde la telefonía fija (cuyas tarifas se encuentran congelados desde 2003) hasta la televisión por suscripción (que es una actividad meramente privada en todo el mundo).

La aprobación y puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el año 2000 significó el punto de apoyo para el desarrollo de los servicios que disfruta hoy el país. El mismo ministro Jesse Chacón, que para el momento de la discusión y aprobación de la Ley se desempeñaba como gerente de operaciones del ente regulador CONATEL y que hoy lo dirige, concluye en que sin esa ley hubiera sido imposible lograr el nivel de inversiones requerido para el desarrollo de nuevos y más eficientes servicios de telecomunicaciones.

En su análisis del comportamiento de las telecom en el segundo trimestre del año, Chacón señala que "no hay sector en el país que haya crecido en la proporción que ha crecido este sector". El aporte de comunicaciones al PIB en este segundo trimestre creció 4.4% con respecto al PIB consolidado, y un 5.8% con respecto al PIB no petrolero: "Estos números nos permiten afirmar que desde el año 2000, cuando se aprobó la Ley, el crecimiento ha sido constante y sostenido", dice el ministro.
Sostiene que para el fin de 2007 el nivel de inversiones sobrepasará los mil millones de dólares, apalancado por la implantación y puesta en servicio de redes GSM por parte de Movistar y Movilnet.

Sin embargo, lo que plantea la Reforma Constitucional no es nada halagador.
Alberto Scharffenorth, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, CASETEL, declaró a Inside Telecom, que la primera consecuencia directa de la reforma del artículo 156 en sus apartes 29 y 30 con el sector de las telecomunicaciones se presentará a través de un conflicto con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

«Y más allá de una eventual resolución de ese conflicto, entraríamos en una Ley en la que terminaría privando en orden jurídico la Constitución, que nos pasaría a formar parte del servicio público. La actividad dejaría de ser Interés General, que es en el fondo lo que ha permitido el crecimiento que se ha visto en el país en telecomunicaciones y que ha empujado a todos los demás sectores de la economía en los últimos 10 años», dije Scharffenorth. «En la medida que la norma (la reforma resultante) se vaya desarrollando iremos viendo cómo se van limitando las oportunidades para continuar haciendo llegar los servicios a los usuarios».

La reforma de otros artículos, como el 112 y el 115, también restringirán la actividad empresarial.
«Nosotros creemos que estos artículos lesionarán y afectarán de manera importante las actividades y el problema está en que nosotros no podemos sugerir ni aportar ideas para introducir cambios», dice. Por esa razón, puntualiza, «no tendremos más remedio que oponernos en bloque».

Encuentre más de este autor (Victor Suárez) en insidetele.com.

Este texto fue originalmente publicado en el diario El Universal el día 09 de septiembre de 2007 y también puede ser leído aquí. Hay que advertir, como bien apunta su autor, que allí se glosa el proyecto original de reforma constitucional que presentó el Presidente Chávez el 15/08/2007 y no el que salió de la Asamblea Nacional el 2/11/2007. Especialmente significativo para interpretar este artículo en su contexto es que el artículo 156 (Competencias del Poder Público Nacional) sufrió modificaciones. En cuanto a telecomunicaciones, desapareció del proyecto original la calificación de la  telefonía móvil y la televisión por suscripción como servicio público.

Conozca aquí las modificaciones a la Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999) propuestas por el Presidente Hugo Chávez y la Asamblea Nacional presentadas el 02/11/2007, y un resumen de los aspectos principales de la propuesta aquí.

Fuente: Víctor Suárez – eluniversal.com