La economía azul: ¿qué podemos aprender del Caribe?

La economía azul – definida como actividades económicas que utilizan los recursos marinos o fluviales de manera sostenible – se esgrime como una posibilidad de expandir el crecimiento de muchos países del mundo. La economía azul emplea un gran porcentaje de la población global, y su contribución se estima conservadoramente en US$1.5 trillones anualmente, aproximadamente 3% del valor agregado global.

Desde Australia a San Diego, diferentes gobiernos nacionales, regionales y municipales están impulsando políticas públicas destinadas a estimular el desarrollo de esta economía. Desde el punto de vista del BID, la economía azul es importante puesto que está alineada con cuatro de sus cinco prioridades de la visión 2025: pequeñas y medianas empresas, integración en cadenas de valor, cambio climático, y género y diversidad.

Este entusiasmo por el océano como una nueva frontera de crecimiento está siendo parcialmente alimentada por los avances de la Bluetech – que se refiere a la creciente aplicación de nuevas tecnologías al océano para resolver problemas vinculados a la preservación del planeta y de sus especies, tales como como la disponibilidad de agua potable, seguridad alimentaria, generación de energía limpia, curas para enfermedades crónicas, nuevos materiales, y soluciones contra el cambio climático (secuestro de carbono, prevención de desastres).

Para los países del Caribe, cuyas economías turismo-dependientes han sido impactadas por la crisis del COVID, hay una expectativa colectiva de que la economía azul y sus tecnologías asociadas puedan ser una nueva fuente de crecimiento económico. Esta expectativa se deriva de la confluencia de varios factores. Por un lado, los países caribeños – especialmente aquellos insulares – desean poder capitalizar sobre los recursos marinos de sus zonas económicamente exclusivas (ZEEs), que son varias veces más grandes que su área terrestre. Por ejemplo, las ZEEs de Barbados, Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago se estiman en 3,73 millones de kilómetros cuadrados – casi 10.000 veces el tamaño de sus áreas terrestres (de 379.000 kilómetros cuadrados).

Por el otro, en la situación actual de alto endeudamiento externo que enfrentan muchos de estos países, el financiamiento concesional luce altamente atractivo, y las organizaciones multilaterales que pueden ofrecerlo están muy interesadas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) acordados en el marco de las Naciones Unidas para el 2030. Varios de los ODS están directamente relacionados con el océano – por ejemplo, el ODS 14: «Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible» – mientras que otros lo están indirectamente – por ejemplo, el ODS 2 concerniente a la seguridad alimentaria, el ODS 7 a energía, el ODS 6 al agua, y el ODS 13 a combatir el cambio climático. Finalmente, existen varios fondos privados de impacto globales que buscan activamente oportunidades de inversión en la economía azul en el Caribe. Esto es indicio de que el mercado detecta una oportunidad de crecimiento en la economía azul del Caribe y a la vez reconoce el alto potencial de impacto social y ambiental que tendrían estas inversiones. 

¿Qué está pasando en la economía azul del Caribe?

En América, el Caribe es la subregión cuyo futuro está más comprometido por temas de vulnerabilidad climática y escala poblacional, y que a la vez podría beneficiarse más de un fuerte desarrollo de la economía azul. Es interesante por lo tanto mirar las tendencias en materia de economía azul en esta región. El Compete Caribbean, que es un programa de asistencia técnica financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos del Reino Unido y de Canadá, y el Banco de Desarrollo del Caribe, ha venido apoyando el desarrollo del sector privado de la región con asistencia técnica a gobiernos y empresas de 13 países caribeños, intensificando su apoyo a la economía azul en los últimos 18 meses. A través de este apoyo, se ha logrado identificar los temas de economía azul de mayor interés para tanto gobiernos como empresas caribeñas, que se resumen a continuación.

El sector público de la mayoría de los países caribeños está interesado en reformas institucionales para mejorar la gobernanza sobre el espacio marino, y en desarrollar un conjunto de políticas públicas coherentes (o aumentar la coherencia entre las existentes) para estimular la actividad privada que utiliza los recursos marinos, a la vez asegurando su sostenibilidad. Barbados y Belice crearon nuevos ministerios de economía azul que absorbieron y ahora coordinan sus antiguas unidades de vigilancia costera y marítima, logística de puertos, pesca y turismo costero, y estos ministerios comienzan a desarrollar estrategias integrales para estimular el desarrollo del sector privado en la economía azul. El gobierno de las Bahamas, apoyado por préstamos de política del BID, impulsó grandes cambios legislativos y de políticas públicas para asegurar la sostenibilidad del ambiente marítimo –creó un Ministerio del Ambiente, ha avanzado en proteger áreas marítimas, estableció legislación y procedimientos para proteger sus recursos genéticos marinos y promover la investigación científica, comenzó a dar cumplimiento con acuerdos relacionados al MARPOL, y se está preparando para la posible emisión de un bono soberano azul. Muchos de los gobiernos de las islas más pequeñas del Caribe Occidental aprobaron legislación para prohibir el uso de plásticos, completaron el mapeo de su espacio marítimo, y en reconocimiento de los aspectos colectivos de los recursos marinos, establecieron un organismo de gobernanza marina que agrupa 6 países. Trinidad y Tobago culminó un mapeo de sus áreas marinas y se encuentra modificando la legislación para el uso del espacio marítimo – quién lo puede usar, para qué y cómo – lo que puede dar pie a nuevas industrias en el Caribe como la maricultura.

¿Qué está pasando en el sector privado?

Compete Caribbean ha lanzado tres llamados (uno de ellos en conjunto con el BID-Lab) para apoyar actividades privadas innovadoras en la economía azul. De las estadísticas recopiladas de estos llamados, se desprende que las áreas de mayor interés para el sector privado son: el manejo de desechos marinos y economía circular, la pesca y acuicultura, la restauración de corales y la energía marina.

En términos de reducción de desechos y economía circular, se identifica mucho interés en la recuperación y reutilización de plásticos y de sargazo para producir materiales útiles. En las industrias de pesca y acuicultura, hay mucha actividad en torno a mejorar la trazabilidad y/o sostenibilidad en las áreas de pesca, de manera de garantizar una industria sostenible y cumplir con estándares de calidad/verdes que aseguren acceso a mercados internacionales. En el tercer rubro más frecuente que es el de restauración de corales y arrecifes, las propuestas presentan distintos modelos para el financiamiento de esta actividad, así como tecnologías novedosas de multiplicación rápida de los corales. Otra área de interés significativo es la producción de datos para monitorear el espacio marino, ya sea con el uso de robots, instrumentos automatizados, o interpretación de datos de satélite. Esta última área resalta porque dada la poca población de estos países y sus escasos recursos en comparación a la extensión de sus áreas marinas, hay un vacío grande en el tema de recolección de datos y monitoreo marinos, incluso en las áreas protegidas.

Los proyectos de economía azul que está apoyando el Compete Caribbean revelan algunos de los vacíos que se deben resolver para desarrollar estas industrias. Falta aún clarificar algunos aspectos de los marcos regulatorios con respecto a la actividad privada. Por ejemplo, la industria del cultivo de algas, a pesar de ser tradicional y tener un altísimo valor de exportación no se ha desarrollado a gran escala debido a la ausencia de un marco regulatorio que clarifique quién puede obtener permisos para cultivar algas, de qué manera y en qué lugar, lo que frena muchísimo la inversión en esta industria. La escasa inversión en investigación y desarrollo, y la poca conexión entre las actividades de I+D locales con el potencial bio-genético de los recursos marinos limitan las ganancias que pueden obtener estos países de la economía azul. Aún aquellos países que han firmado el protocolo Nagoya no han resuelto cómo conectar a los investigadores locales con la investigación que se hace internacionalmente a partir de recursos genéticos locales.

Los ecosistemas de apoyo al emprendimiento y la innovación son débiles en la mayoría de estos países, lo cual limita la posibilidad de fomentar el desarrollo local de productos y servicios azules innovadores.  Por el otro lado, para aprovechar el potencial de las ZEE, se requiere una capacidad de inversión posiblemente mayor a la que exista en los propios países. Esto levanta preguntas de cómo atraer inversión extranjera a la economía azul, y de cómo integrar a las empresas locales y a las poblaciones que tradicionalmente han tenido acceso al recurso marino (pescadores, habitantes costeros) en actividades donde también participan empresas foráneas. Finalmente, al igual que en el resto del mundo, queda mucho por hacer en términos de recolección de datos que permitan establecer líneas de base que ayuden a definir políticas públicas y proyectos privados de manera más precisa, así como para monitorear el impacto de las políticas públicas.

Finalmente, aún cuando la economía azul engloba ciertas verticales (p.ej. pesca, turismo e industrias nuevas), también toca temas transversales que tienen implicancias sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. Por lo tanto, desarrollar la economía azul exige una gran coordinación, no sólo entre distintos ámbitos gubernamentales, sino también con la academia, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades costeras.

Fuente: Sylvia Dohnert – iadb.org