Telefónica renovó sus concesiones móviles en Perú por casi 19 años

Telefónica renueva concesiones en Perú por 226 meses y garantiza inversiones y servicios gratis por cerca de US$ 1.174 millones.

El operador español aceptó ayer, lunes 21 de enero, la propuesta remitida por el Gobierno peruano para la renovación de sus concesiones de telefonía móvil, por un plazo de 18 años y 10 meses de duración. La decisión fue comunicada a las autoridades mediante una nota escrita remitida por Telefónica, después de un largo proceso de negociación por los términos de la renovación. Desde el Gobierno peruano destacaron que con el acuerdo, la compañía se comprometió a desarrollar inversiones y servicios gratuitos por un valor superior a los 3.000 millones de nuevos soles (1.173,7 millones de dólares).
 
En un comunicado de prensa, Telefónica dijo que «acepta finalmente lo exigido por el MTC a pesar de las duras condiciones que no tienen precedentes», y que el acuerdo beneficiará directa e indirectamente a más de 10 millones de peruanos de menores recursos. El operador destacó que el Gobierno haya reconocido oficialmente el cumplimiento de sus obligaciones durante el período inicial de los contratos de concesión. Y afirmó que para cumplir con los términos y condiciones impuestos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberá realizar «un esfuerzo inversor y de gestión extraordinario».
 
«A lo largo de los casi 19 años que venimos trabajando en el Perú, hemos invertido más de 6.800 millones de dólares en infraestructura», recordó Javier Manzanares, presidente del Grupo Telefónica en el Perú, al tiempo que ratificó que el compromiso del operador con el país es «de largo plazo».
 
Entre las condiciones impuestas, está la de brindar sin costo 12.000 conexiones de banda ancha a dependencias del Estado, en áreas como educación, salud y seguridad; el desarrollo de una tarifa social de telefonía móvil, aplicable a un máximo de un millón de personas, a mitad de precio (0,25 soles, o 0,097 dólares), por los primeros 40 minutos y ajustable anualmente; la ampliación de cobertura, en 409 capitales de distrito, llegando al cien por ciento de las cabeceras distritales, y en 1.848 localidades donde la firma no tiene cobertura.
 
Además, Telefónica deberá desarrollar una red de transporte inalámbrica hasta Iquitos, en la Amazonía peruana, e interconectar cámaras de videovigilancia en 327 distritos, entre otros requisitos.
 
La negociación es por la renovación de las concesiones que Telefónica opera bajo su marca Movistar, en las bandas de 800 MHz y 1900 MHz en Lima y Callao, vencidas en mayo y junio de 2011, y de la banda de 800 MHz en el resto del país, vencida en febrero de 2012.
 

Javier Manzanares, presidente del Grupo Telefónica en Perú

Desde el Gobierno remarcaron como un logro las condiciones impuestas en la propuesta de renovación. Según el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes (a la derecha en la foto de cabecera junto con César Allierta, CEO de Telefónica), «los nuevos términos y condiciones planteados por el MTC superan notablemente la negociación gestionada por el Gobierno anterior. Hoy el compromiso asumido por la empresa con el actual Gobierno equivale a 3.020 millones de nuevos soles (1.181,5 millones de dólares), lo que significa aproximadamente más del triple que lo obtenido por el Gobierno anterior». La valoración de las condiciones impuestas por el Gobierno anterior para las dos concesiones de Lima y Callao es de 150 millones de dólares, que habría escalado a 375 millones de dólares considerando el contrato de provincia. De ahí que el MTC estime en «más del triple» los beneficios al Estado negociados en el presente contrato.
 
Vale recordar que Ollanta Humala asumió la Presidencia de la República el 28 de julio de 2011. Días antes de la asunción, la Vice Presidenta Marisol Espinoza afirmaba que el Estado peruano «no estaba obligado» a renovarle las concesiones a Telefónica, endureciendo la postura del Gobierno recientemente electo de cara a las negociaciones. La compañía española optó por hacer un guiño al Gobierno, remarcando sus planes de inversión en el país.
 
A ello le siguieron un informe del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) sobre el desempeño de Telefónica durante su primer período de concesión y la recomendación del regulador para la propuesta de renovación. También, la controversia por la deuda tributaria que Telefónica mantiene en el país, que finalmente el Gobierno se encargó de desvincular del proceso de negociación.
 
En marzo pasado, se especulaba con que la renovación que propondría el Gobierno sería por doce años, aunque el grupo español tenía en mente una renovación por 20 años. La negociación continuó a lo largo de 2012 y se esperaba una resolución antes del final de ese año, pero finalmente el plazo definitivo fue enero.

Fuente: telesemana.com