Smartmatic es investigada por el gobierno de Estados Unidos

Desde por lo menos finales de 2005 se escuchan ruidos desde EEUU, donde algunas ciudades y estados han reclamado diversos temas relacionados con las máquinas de votación de Smartmatic y la empresa norteamericana Sequoia Voting Systems, comprada por Smartmatic el año pasado. También han recibido ataques de algunos académicos por distintas razones técnicas, pero también por motivos políticos.

Estos últimos motivaron que, en marzo de este año, cuando llegaron a su máximo los reclamos que mencionaba antes, un grupo de congresistas impulsaran la ahora abierta investigación por parte de la Comisión de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés).

La, en Venezuela, muy famosa compañía es controlada por tres venezolanos y un solo extranjero. Los nacionales tienen algo más del 91% de la empresa. Ellos son Antonio Mugica, que es el accionista mayoritario y presidente de la empresa, con el 78,8% del capital, el director de tecnología Roger Piñate (8,5%) y el de finanzas, Alfredo Anzola (3,9%.). El resto es del único no venezolano, Jorge Massa (5,97%), además de otros accionistas muy minoritarios.

La situación de la investigación abierta por el CFIUS, organismo que revisa adquisiciones foráneas en EE.UU. para decidir si presentan riesgos a la seguridad nacional, es algo original, ya que normalmente esta Comisión se ocupa de aprobar cierto tipo de inversiones extranjeras antes que las mismas se efectúen, pero en el caso de Smartmatic se inicia post-facto.

Los investigadores en EEUU han sugerido que el tema levantó adicionales sospechas al descubrirse el enrevesado esquema propietario que maneja la corporación, donde se cruzan y entrecruzan un grupo de sociedades de capital de inversión que son dueñas de otras corporaciones, que a su vez, son propietarias de empresas, las cuales, después de seguir con mucho cuidado este enredado guaral, llegan finalmente a Smartmatic y a Sequoia. Todo esto, además, pasando por distintos países donde residen cada una de todas estas organizaciones, como la isla de Curaçao, y una serie de subsidiarias en EE.UU., Barbados, Venezuela, México y en Holanda, que se sepa. Lo dueños de Smartmatic aducen que esto se hizo por razones impositivas, y no para esconder la propiedad de la empresa.

Esta situación, como es natural, también llamó la atención de legisladores en EEUU. Entre ellos, según el Wall Street Journal, Carolyn Maloney, diputada demócrata de Nueva York, quien, en una carta al secretario del Tesoro de EE.UU., subraya que "La naturaleza poco clara de la propiedad de Smartmatic es particularmente inquietante porque Smartmatic ha sido asociada" al gobierno venezolano.

En una nota de prensa Smartmatic asegura que la mencionada investigación es producto de haberse ellos "sometido voluntariamente un reparo ante la Comisión de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos para permitir que el Gobierno norteamericano investigue la adquisición que realizó en el año 2005 Smartmatic Corporation de Sequoia Voting Systems".

Mientras tanto, en Venezuela el CNE no se da por aludido. En declaraciones a El Universal, Tibisay Lucena descartó que la revisión de la compra efectuada por Smarmatic en EEUU afecte de alguna manera el proceso presidencial del 3 de diciembre.

Según el rotativo, la aclaración de la presidenta del CNE es respaldada por Sandra Oblitas, rectora principal y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, quien subrayó que "La investigación no afectará de ninguna manera el proceso electoral (presidencial) venezolano", ya que aunque el CNE instaló una plataforma tecnológica "con la participación de Smartmatic […] el manejo de todos y cada uno de los procesos electorales está bajo el control del organismo".