La Sociedad y la Economía Venezolana como Ecosistema
La transformación de la organización industrial que ha enfrentado y mostrado a lo largo de los últimos años la economía, así como muchos sectores económicos tradicionales y los modelos de negocio, podría dar luces sobre cómo encarar la transformación de la sociedad y de la economía convencional en el futuro inmediato.
La industria hasta ahora convencional ha presenciado la irrupción de nuevos modelos de negocio como las Plataformas Digitales, que han puesto en riesgo los negocios de la primera, la hegemonía de sus negocios, la vigencia y competitividad de sus modelos tradicionales de negocio, la posibilidad de capturar valor en los mercados, y la gobernanza de dichos mercados.
La industria tradicional, especialmente aquella basada en inversiones en activos específicos, activos físicos, infraestructura, etc., mostraban una organización industrial donde la propiedad sobre dichos activos implicaba una gobernanza en favor de sus propietarios. La captura de valor solía estar implícita en dicha estructura de propiedad -sin menoscabo de la existencia de diferenciación de marca y producto, así como de una dinámica de competencia monopolística-.
Sin embargo, la commoditización de muchos de estos activos e infraestructuras -por ejemplo: la provisión de conectividad a Internet en el sector telco- o la posibilidad de explotar enormes economías de escala y efectos de red por medio de nuevos modelos de negocio basados en Plataformas Digitales y en la economía colaborativa, transformó y está transformando muchos sectores económicos -sector transporte, sector alojamiento, sector comercial y marketplaces, entretenimiento, etc.-.
Estos nuevos modelos de negocio de Plataformas Digitales se han movido de la tenencia y propiedad de la cadena de valor o de activos específicos hacia la «propiedad» y el desarrollo de la plataforma o hacia la detentación de la gobernanza del ecosistema. En las industrias y cadenas de valor tradicionales las estrategias suelen consistir en erigir barreras de entrada a la oferta y a la competencia -desde diferenciación de productos, pasando por acceder en exclusiva a un insumo esencial o a un estadio de la cadena de valor, vertical foreclosuring, elevar barreras de entrada y permanencia elevando los costos de los rivales, o creando poder de mercado y márgenes al restringir la oferta-.
Por su parte, en la industria de las Plataformas Digitales, si bien la búsqueda de control y gobernanza continúa siendo crítica, las barreras a la entrada, a la producción, diversidad de productos y servicios, así como de transacciones no tienen sentido, porque lo que importa es incrementar el valor colectivo del ecosistema digital lo que supone mayor cantidad de lados o mercados dentro del ecosistema y la proliferación exponencial de miembros y transacciones entre éstos.
Lo anterior no implica que el papel de Gatekeeper del propietario de la Plataforma Digital no resulte complejo a la hora de presentarse potenciales conflictos entre dejar entrar desarrolladores de funcionalidades, de servicios y productos que enriquecen el ecosistema con el cuidado que deberían tener de que dichos oferentes puedan disputarle o replicarles la Plataforma Digital (sin embargo, el punto que queremos destacar es que la fuente de valor del ecosistema no se encuentra centralizado en su propietario, ni siquiera en un consumidor final, sino en el valor que para todos los miembros del ecosistema ésta representa, así como los efectos de red y el ahorro de costos transaccionales que se generan producto de hacer crecer y proliferar al propio ecosistema y/o la plataforma).
Venezuela es un caso especial. El poder y la economía habían gravitado alrededor de la actividad petrolera, y, más precisamente, en el manejo y la captura de la renta petrolera, bien por medio de la propiedad y desarrollo público de la explotación del sector o por medio de impuestos, royalties o mecanismos de procurement.
Una vez colapsa la fuente de renta petrolera, ¿qué alternativa tienen quienes directa o indirectamente dependían de su captura -sean de naturaleza pública o privada-? El modelo rentista o, alternativamente, un modelo expoliador por parte de un estado con poder y fuerza coercitiva podría resultar miope, en la medida que podrían, eventualmente, existir alternativas más eficientes en la actualidad, no sólo socialmente hablando, sino precisamente para los particulares.
A diferencia del caso de las empresas plataformas, cuyo interés es crear valor para sus accionistas, propietarios o inversionistas, en el caso del gobierno, este se encontraría constituido por un grupo de particulares con intereses propios o de grupo, que podríamos en un principio limitar en el caso venezolano, al sostenimiento del poder y a beneficios económicos propios. Podríamos especular, suponer o partir de la hipótesis que el interés del gobierno actual en el país caribeño no lo constituye el bienestar social, y evidencia de ello es el continuado deterioro económico y general del país sin que se tomen medidas al respecto.
Así como las plataformas están constituidas por reglas y por un diseño estructural dado, y sus propietarios deben definir por un lado si optan por una arquitectura abierta que implica permitir la entrada de jugadores y el uso de recursos de la plataforma para desarrolladores de Apps, y, por el otro lado, si optan por una gobernanza abierta que permite a jugadores distintos al propietario dar forma a reglas del comercio y compartir recompensas en la plataforma; un modelo de gobierno y de poder debe decidir los derechos y libertades de los particulares, así como los propios límites al poder para incentivar la proliferación de actividades económicas generadoras de riqueza así como los intercambios entre particulares, acotando su poder coercitivo y expoliador.
Una sociedad y una economía proliferan, generan progreso y bienestar en la medida que las reglas y su arquitectura implican incentivos para el desarrollo pleno del potencial individual de las personas, especialmente respecto a la innovación, la inversión, la producción y la generación de riqueza. En Venezuela, ante un estado expoliador en el cual la inexistencia de garantías respecto al respeto a los derechos a la propiedad se anticipa, se inhibe las inversiones y el progreso, dificultando la expansión de una base imponible amplia y en crecimiento.
Independientemente de quién establezca las reglas, un sistema de reglas justas y coherentes resultará clave para que el valor del ecosistema económico crezca.
Obvio que un grupo que detente el poder gubernamental no es el dueño de un país, o no debería ser así. De hecho, aún cuando siempre existe cierto grado de riesgo de problema de Agencia entre unos gobernantes que con sus actos no representan a la sociedad, en democracias robustas existen las instituciones para corregir dichos problemas y hacer contrapesos al respecto. Sin embargo, en la práctica, en Venezuela, no existen tales instituciones, y es como si fueran los «dueños» (quienes hacen concesiones graciosas, arbitrarias y discrecionales respecto a los derechos económicos y civiles de los particulares). Ante este escenario, ¿cómo aplica los razonamientos expuestos hasta ahora?
Pueden existir dos conflictos relevantes, uno entre el objetivo de detentar el poder con el de capturar rentas y/o beneficios económicos, y otro cuando menos en términos dinámicos o intertemporal respecto al tema económico exclusivamente. El último problema está referido a que ciertamente en el corto plazo, ante una riqueza dada, un estado con todo su poder coercitivo y expoliador, tiene por incentivos para confiscar y expoliar.
Ante una miopía temporal muy fuerte derivada de «necesidades» o apetencias económicas inmediatas, y ante tasas de descuentos muy elevados respecto a rentas futuras por parte de quienes detentan el poder en Venezuela; resulta difícil cambiar la visión expoliadora actual. La «sombra del futuro» o la relevancia del potencial económico venezolano en el futuro de existir un marco institucional coherente y una macroeconomía estable, que implicara una economía y una base imponible amplia en favor de rentas tributarias tendría que ser evidente y suficiente, como para que existan incentivos en favor de un cambio de modelo, siendo que el rentas o petrolero habría colapsado.
El segundo conflicto consistiría en que en la medida que el poder constituya un objetivo con supremacía sobre el económico, en la medida que el gobierno piense que su poder se basa en la pobreza generalizada o que su poder está en riesgo en la medida que la economía mejore; no existirán los incentivos para cambiar el modelo económico. Este último tema parece ser el más complejo, porque los espacios de mejora en el marco institucional con incidencia positiva sobre la economía ocurrirían en la medida que no contraríen la visión de sumisión social vía pobreza.
Muchos de los cambios requeridos en el marco institucional venezolano para efectivamente observar crecimiento económico resultan transversales y generales. Cambios «quirúrgicos» en sectores específicos, o peor aún en favor de grupos de interés o particulares, constituyen simplemente una nueva fuente de rentas derivadas de prebendas regulatorias que nula incidencia sobre la economía general.
Si quiere revertirse la situación económica en Venezuela, si se quiere generar crecimiento económico, si quiere sacarse de la pobreza a millones de venezolanos, dado el grupo que detenta el poder en Venezuela, habría que hacerlos ver que dicha suerte no tiene por qué poner en riesgo su poder -así de crudo y pragmático- e incluso que les convendría económicamente hablando. Dicho grupo de poder tendría que pensar en el Ecosistema Social y Económico Venezolano, cómo cambiar el modelo económico y el marco institucional para incluir y crear riqueza y bienestar, liberando el potencial generador de los particulares, apoyándolos con un marco institucional regulatorio con normativas de contratos, de protección al consumidor, de protección de los derechos de propiedad que impliquen incentivos en favor de acometidas, inversión, esfuerzos productivos y reactivación del consumo.
Finalmente, otro tema, nada menor, es el enorme problema de la «tragedia de los anticomunes» consistente en el uso arbitrario de cuotas de poder por parte de particulares que conforman el grupo de poder. La búsqueda de rentas parceladas del poder, atenta contra un marco institucional coherente, eficiente y no expoliador, así como en contra de una recuperación general de la economía. Aun cuando en la «cúpula» del poder se tome conciencia sobre la necesidad de crear condiciones para enriquecer el ecosistema económico venezolano, tendrán que lidiar con la voracidad parcelada de poder, centralizando el poder coercitivo y poniendo orden en casa -¿podría ésto poner en riesgo el objetivo supremo del poder? Amanecerá y veremos-.
(*) Economista UCV.
Fuente: Enrique González (*)
