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20/10/2017
"Enseñar a la Gente a Pensar"
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El Premio Nobel de Economía 2014, el francés Jean Tirole, en una entrevista que diera a El Mundo de España enmarcada en el lanzamiento en mayo de 2017 de su libro "La Economía del Bien Común", sugiere a los responsables de las políticas públicas: "Tenemos que enseñar a la gente cómo aprender más, y no darles tanto conocimiento. Pensar es más importante."

No es poca cosa lo que representa y significa esta frase, no sólo por el hecho de haber sido sugerida por un Premio Nobel, sino por quién es Jean Tirole y muy especialmente por el Area de la economía por la que ha sido laureado. El Premio otorgado a Tirole ha sido uno de los más divulgados y cacareados por tirios y troyanos, toda vez que se reconoció con el Nobel al estudio del "poder de mercado y su regulación" (El Mundo, 13-10-2014) o al "control de las grandes corporaciones" (BBC, 13-10-2014).

Destaca el hecho que el conocimiento, las ideas y muchos métodos de análisis y formas de pensar tienen características de bien público. Por esta razón el también Premio Nobel de Economía 1998, Amartya Kumar Sen, nacido en la India y estudioso de la pobreza, asegura en su libro "Primero la Gente" (con Bernardo Klisberg), que: "rechazar la globalización de la ciencia y de la tecnología por estimar que representa la influencia e imperialismo occidentales no solamente implicaría desconocer las contribuciones globales -tomadas de muchos lugares diferentes del mundo- que apuntalan las así denominadas ciencia y tecnología occidentales, sino que constituiría igualmente una decisión práctica poco sabia, habida cuenta de la posibilidad que podría tener el mundo entero de beneficiarse con el proceso". Amartya Sen añade: "el tema central no es si debe recurrirse a la economía de mercado. Es fácil responder a la pregunta superficial, porque es difícil lograr prosperidad económica sin recurrir a las oportunidades de intercambio y de especialización que ofrecen las relaciones de mercado. Aún cuando la operación de una determinada economía de mercado puede ser considerablemente defectuosa, no hay manera de prescindir de la institución de los mercados en general como poderoso motor de progreso económico."

Valga lo dicho anteriormente para asomar que la vía más expedita de solución a la crisis económico-social de Venezuela pasa por pensar las causas de la crisis y las propuestas de políticas más eficientes, sea que vayan a ser llevadas adelante por el presente Gobierno o por otro. Lo anterior -especialmente lo último- encuentra garantía en la medida que esta forma de pensar, analizar y el conocimiento sobre la fortuna o desfortuna en el diseño de una política pública o de un modelo económico se hace de dominio público, porque el ciudadano común como demandante de las políticas públicas exigirá un buen diseño de las políticas que garantice el mayor bienestar social. Esto significa hacer de la ciudadanía en democracia, residual claimants o dolientes finales de las políticas públicas y regulatorias.

En este orden de ideas la ciencia económica y la forma de analizar y de pensar del economista, específicamente a través de la teoría económica positiva, permite por un lado comprender los esquemas de incentivos y en consecuencia los eventuales resultados previsibles de una política pública o de su ausencia, y por el otro lado, desde la perspectiva normativa permite valorar el impacto, la efectividad, eficiencia y oportunidad de todas y cada una de las alternativas de política pública.

En Venezuela numerosas políticas públicas y, muy específica y dramáticamente, muchas regulaciones adolecen de lesionar el Bienestar Social. Aun cuando lo anterior implica numerosos dolientes -de hecho toda la sociedad- pocos o ningún espacio especializado en el análisis microeconómico del impacto de la políticas públicas y regulatorias existe -ni público ni privado- Ni siquiera la oposición o los gremios empresariales, no atomizados, han desarrollado un espacio de esta naturaleza que tiene por fin último desnudar el mal diseño de una política pública ante la sociedad, elevando los costos políticos de instrumentarla.

El poder de este tipo de análisis de impacto regulatorio, el conocimiento microeconómico y la propia forma de pensar del economista trasciende a los grupos de interés particulares -beneficiando a la sociedad, tanto a los consumidores como a los  empresarios simultáneamente en sus roles respectivos en la economía ante una política que falaz y erróneamente suponga a toda relación económica como un juego suma cero-.

Para conseguir resultados distintos, hay que hacer las cosas de manera diferente. Para que la sociedad y la ciudadanía tome otra ruta, socialmente más beneficiosa, hay que mostrarle las alternativas. Aun cuando no se detente el poder, al menos existe una forma de mostrar que si hay alternativas, así sea vía contradicción, que consistiría en mostrar, con fundamento, argumentos y análisis técnico, posteriormente perfectamente digerible para el dominio público; que el actual modelo y que un gran número de políticas regulatorias son socialmente lesivas y que siempre existen alternativas de política.

El poder de esta forma de pensar, de este tipo de análisis de impacto regulatorio y/o de herramienta radica en que resulta absolutamente aséptica políticamente una vez la sociedad ha tomado por descontado un objetivo específico de política, bien sea el Bienestar Social o incluso la Equidad. Honestamente esta es la única ruta para sacar a Venezuela de esta situación de dilema del prisionero y de miscoordination -lo demás son intereses particulares y eventualmente la captura del papel de Gobierno y de la oposición-.


(*) Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Farmacéutico, Transporte, Agua y Banca, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Pompeu Fabra. Programa Avanzado en Política de Competencia, Instituto de Empresas, IE.

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FUENTE

Enrique González (*) – THP
SOCIEDADyTecnologia



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